No somos solo víctimas de malas políticas, somos también sus principales coautores

1. El título de su libro, La culpa es nuestra, apunta a una responsabilidad ciudadana en el diseño de las políticas públicas. ¿Hasta qué punto las políticas públicas reflejan realmente las preferencias de los ciudadanos?

Más de lo que nos gusta admitir. En democracia, las políticas públicas no surgen en el vacío: suelen reflejar bastante bien las prioridades dominantes de la sociedad, incluidas —y esto es lo incómodo— nuestras propias incoherencias.

Por eso el título no pretende absolver a las élites ni cargar toda la culpa sobre el ciudadano. La responsabilidad es compartida. Las instituciones responden a incentivos, y esos incentivos los fijamos en buena medida nosotros, como votantes.

El libro muestra que muchas políticas fallidas —en vivienda, educación o fiscalidad— no se aplican contra la sociedad, sino con su apoyo, a menudo pasivo. Queremos resultados ambiciosos, pero rechazamos los medios necesarios para lograrlos. Pedimos más gasto y menos impuestos; más protección y menos costes; más derechos, pero sin aceptar límites ni renuncias.

Las instituciones reflejan esas contradicciones. No porque funcionen bien, sino porque funcionan como las empujamos a funcionar. Por eso el problema no es solo de diseño institucional. Es, sobre todo, un problema de demanda política.

2. En ciudades como Barcelona, donde la crisis de la vivienda es uno de los grandes problemas, ¿hasta qué punto somos corresponsables los ciudadanos de las políticas que se han aplicado durante años?

La crisis de la vivienda es un buen ejemplo de corresponsabilidad. Durante años hemos apoyado políticas que encarecen y reducen la oferta: restricciones urbanísticas, controles de alquiler e inseguridad jurídica para el propietario.

El ciudadano medio quiere alquileres bajos, pero también quiere que no se construya, que no se densifique y que el coste lo asuma “otro”: el propietario, el promotor o el banco. Esa combinación no puede funcionar. El resultado no es tanto un fallo del mercado como la manifestación de unas preferencias incoherentes.

Las contradicciones son bastante evidentes. Por ejemplo, no queremos construir en altura, pero sí vivir en el centro. También queremos preservar edificios antiguos —y a veces edificios públicos casi vacíos— aunque su utilización sea mínima.

La corresponsabilidad aparece cuando constatamos que estas políticas han contado con un apoyo social amplio. El daño recae sobre quienes pesan menos políticamente: jóvenes, recién llegados y familias con menos recursos. Son los grandes perdedores. Pero a menudo ni siquiera ellos llegan a percibirlo, y no pocas veces acaban votando contra su propio interés.

3. Usted sostiene que el Estado del bienestar promete cosas que no son sostenibles. ¿Cree que en Cataluña existe una percepción realista de lo que cuestan los servicios públicos?

No, en Cataluña —como en el resto de España— no tenemos una percepción realista de lo que cuestan los servicios públicos. Tendemos a verlos como derechos gratuitos, no como prestaciones que alguien tiene que financiar, hoy o mañana.

El libro muestra que somos muy exigentes con el estado del bienestar, pero muy poco conscientes de su coste real. Apoyamos pensiones, sanidad y educación universales, pero rechazamos impuestos visibles, copagos o ajustes cuando la demografía y la deuda los hacen inevitables.

Esa contradicción no es solo ignorancia. Es una preferencia clara por vivir al día: gastar hoy y dejar la factura para mañana. Y esa factura acaba llegando, casi siempre de la misma forma: deuda, inflación o un deterioro silencioso de los servicios.

El libro no critica el estado del bienestar. Critica esta versión infantilizada, basada en promesas sin cálculo.

4. Muchas personas consideran caro pagar 20 euros por un libro, pero no tanto gastar lo mismo en ropa, ocio o incluso en un servicio médico privado. ¿Tenemos una percepción distorsionada del valor y del coste de las cosas?

Cada uno es libre de valorar las cosas como quiera, faltaría más. El problema aparece cuando el precio no refleja el coste real, algo muy frecuente en el sector público. Cuando el precio es cero, el uso se dispara y los servicios acaban colapsando, como ocurre en los juzgados.

En esos casos, introducir precios moderadores ayudaría a usar mejor los recursos, sin poner en cuestión el acceso universal. España es, además, uno de los países europeos con menos tasas y peajes. Eso refuerza una falsa sensación de gratuidad y acaba generando despilfarro.

5. ¿Diría que los ciudadanos contamos con información suficiente para evaluar el coste real de las políticas públicas o preferimos no mirar demasiado?

Informarse siempre tiene un coste, tanto en decisiones privadas como en decisiones públicas. El problema, en política, es que el beneficio de informarnos no es solo individual: se comparte. Si dedicar tiempo a entender una política mejora las decisiones colectivas, el beneficio se reparte entre millones de personas.

Es lógico, entonces, que muchos ciudadanos prefieran asumir las creencias de su entorno antes que pararse a pensar por su cuenta. Informarse a fondo cuesta, y el retorno individual es bajo.

A esto se suma que la propia organización de la fiscalidad tiende a ocultar los costes de lo público. Ya hablábamos de la casi inexistencia de tasas, pero es aún más importante la forma en que se disimula el pago de impuestos mediante retenciones, intermediarios y etiquetas engañosas. La lógica es simple: “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Un ejemplo claro es llamar “Seguridad Social a cargo del empleador” a lo que, en términos económicos, no deja de ser un impuesto sobre el trabajo. O exigir que los precios se muestren siempre con impuestos incluidos, como si el consumidor no fuera también contribuyente y no tuviera derecho a saber no solo cuánto paga en total, sino a quién: cuánto paga al proveedor privado y cuánto al proveedor público.

6. Ha hablado a menudo de la falta de transparencia fiscal. ¿Sabría hoy la mayoría de los ciudadanos catalanes explicar a qué se destina, por ejemplo, la recaudación del IVA?

Probablemente no. Y tampoco es imprescindible. Para ser un buen ciudadano basta con asumir dos ideas de sentido común: que nada es gratis y que nadie contrata si no le conviene.

El problema es que el sistema fiscal, tal y como está diseñado, induce a pensar que esos costes no existen. En esencia, los estados del bienestar que podríamos llamar “mediterráneos” siguen apoyándose en una ficción estructural: o bien no hay costes, o bien siempre se pueden trasladar a otros o al futuro, indefinidamente.

Esa opacidad reduce la resistencia al gasto y, al mismo tiempo, debilita el control ciudadano. Esto último resulta muy cómodo para el mal político. Si los votantes creen que el dinero público “no es de nadie”, tenderán a perdonar incluso la corrupción, sobre todo de los suyos. En cambio, cuando el ciudadano siente que el corrupto le está robando, la reacción suele ser mucho más dura y menos partidista.

7. ¿Cómo se puede corregir esta ignorancia fiscal: más pedagogía institucional, cambios educativos o mayor responsabilidad individual?

La educación cívica formal sirve de poco. A diferencia de la educación profesional en sentido amplio, el ciudadano tiene pocos incentivos para esforzarse en entender lo público.

La clave está en hacer visibles los costes. Cuando el coste se siente —cuando se sufre—, el aprendizaje se produce incluso sin esfuerzo deliberado y el debate tiende a desplazarse desde las intenciones hacia los resultados y los costes reales.

Y no es solo una cuestión de racionalidad estricta. También conviene activar mecanismos emocionales. Cuando alguien siente que le están quitando algo propio, presta atención, compara y exige explicaciones. Ese “sentirse robado” es incómodo, pero actúa como un potente motor de control democrático y de exigencia de resultados.

Mientras los costes sigan ocultos, la pedagogía tendrá poco efecto. Cuando los costes se hacen visibles, el aprendizaje es rápido y difícilmente reversible.

8. En el debate catalán hay impuestos especialmente sensibles, como el de sucesiones. ¿Eliminarlo tendría consecuencias negativas reales o el debate está más cargado de ideología que de datos?

Un liberal clásico como Hayek no se oponía frontalmente al impuesto de sucesiones. Conviene analizarlo en su contexto. El problema en España no es tanto este impuesto concreto como el conjunto del sistema.

En cuanto a los inmuebles, que comprenden gran parte de nuestra riqueza, gravamos mucho las transmisiones y, relativamente, muy poco la tenencia. La relación entre IBI e ITP es demasiado baja, lo que desanima la movilidad de personas e inmuebles y favorece que muchas viviendas permanezcan vacías.

Como ocurre en otros ámbitos, Cataluña sufre una versión agravada de este mal. El IBI es parecido en Madrid y Barcelona, pero el ITP pasa del 6 % en Madrid al 10–11 % en Barcelona. No es casual que la rotación del parque de viviendas sea aquí mucho menor.

La sucesión no deja de ser una forma de transmisión. Si se gravan las transmisiones, es coherente gravar también las sucesiones. De lo contrario, incentivamos que la propiedad permanezca encerrada dentro de las familias, con poca movilidad y una asignación poco eficiente, un poco como sucedía con la propiedad “amortizada” del Antiguo Régimen.

9. Usted suele decir que las diferencias entre izquierda y derecha son menores de lo que creemos. En Cataluña, donde la política se vive de forma muy emocional, ¿esta polarización impide discutir costes y consecuencias reales?

Hay mucha polarización, pero concentrada sobre todo en cuestiones identitarias y simbólicas. En cambio, cuando bajamos a las políticas públicas concretas, las discrepancias reales son bastante pequeñas: pensiones, tamaño y salarios del sector público, estructura fiscal, mercado laboral, alquileres o la debilidad de la separación de poderes. En todos estos ámbitos, el consenso es mayor de lo que aparenta, a veces explícito y otras diferido, cuando la oposición cambia de criterio al llegar al Gobierno.

A veces tengo la impresión de que la polarización sirve para desplazar el debate. Moviliza identidades y emociones, pero deja fuera las preguntas incómodas: cuánto cuesta, quién paga y quién pierde. En ese sentido, la polarización no enfría la política —la excita—, pero sí anestesia el análisis de costes y consecuencias.

El resultado es que malas decisiones se cronifican, los perdedores reales quedan invisibles y la frustración aparece siempre tarde, cuando ya no es fácil corregir el error.

10. Si tuviera que lanzar un mensaje incómodo pero honesto a los lectores de Barcelona o de Cataluña, ¿cuál sería?

Que no somos solo víctimas de malas políticas. Somos también sus principales coautores.

Durante décadas hemos pedido protección sin aceptar costes, resultados sin revisar los medios y cambios sin renuncias. Hemos preferido promesas cómodas a decisiones difíciles. Y la política, que responde a incentivos, nos ha obedecido.

Por eso cambiar de gobernantes —o incluso de sistema político— no basta si no cambian nuestras demandas como ciudadanos. Mientras sigamos premiando a quien promete más y castiga menos, el resultado será el mismo, aunque cambien los nombres.

La parte esperanzadora es que esto está en nuestra mano. Si aceptamos mirar los costes, asumir los trade-offs y exigir explicaciones incómodas, las políticas también cambian. Si la culpa es nuestra, la solución también puede serlo.